La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a poner sobre la mesa uno de los principales reclamos de México hacia Estados Unidos: el tráfico de armas que alimenta la violencia del crimen organizado. Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria aseguró que cerca del 75% de las armas que son aseguradas en territorio mexicano provienen de Estados Unidos, una situación que, dijo, ya es reconocida por las autoridades del país vecino.
“Cerca del 75% de las armas que se incautan en México provienen de Estados Unidos. Ellos ya lo reconocieron. Ahora con el gobierno del presidente Trump reconocen que algo fundamental que deben hacer ellos es incautar las armas que vienen a México“, declaró.
La presidenta destacó que el combate a la delincuencia organizada debe abordarse como una responsabilidad compartida entre ambos países, por lo que insistió en que, además de la cooperación en materia de seguridad, es indispensable que Estados Unidos fortalezca las acciones para impedir que el armamento cruce ilegalmente la frontera hacia México.
Las declaraciones se producen en un contexto de cooperación bilateral en temas de seguridad, migración y combate al narcotráfico, en el que el tráfico de armas ha sido señalado por el Gobierno mexicano como uno de los factores que fortalecen la capacidad operativa de los grupos criminales.
Reitera que México mantiene el tratado de extradición
En otro tema, Sheinbaum fue cuestionada sobre el tratado de extradición con Estados Unidos y dejó claro que éste continúa vigente. La mandataria aseguró que su administración no protege a ninguna de las personas que han sido señaladas o reclamadas por las autoridades estadounidenses.
La presidenta sostuvo que el Gobierno de México actúa conforme a la ley y que los procedimientos de extradición continúan desarrollándose dentro del marco jurídico y de los acuerdos internacionales existentes entre ambos países.
Con ello, Sheinbaum reiteró que la estrategia de cooperación con Estados Unidos contempla tanto el combate al tráfico ilegal de armas como el cumplimiento de los mecanismos legales para perseguir a integrantes del crimen organizado que sean requeridos por la justicia del país vecino.
