Las presiones del gobierno de Estados Unidos sobre políticos mexicanos escalaron un nuevo peldaño luego de que un reportaje de Los Angeles Times revelara que los gobernadores morenistas Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, estarían siendo investigados por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con actividades criminales.
De acuerdo con la investigación periodística, ambos mandatarios habrían perdido sus visas estadounidenses en el marco de indagatorias federales, aunque contarían con permisos especiales de ingreso bajo un mecanismo conocido como Significant Public Benefit Parole (libertad condicional por beneficio público significativo), utilizado por las autoridades de ese país para personas que colaboran en procesos judiciales o de seguridad pública.
Según las fuentes citadas por el medio, Durazo estaría bajo investigación por supuestos vínculos con el crimen organizado, mientras que el caso de Villarreal estaría relacionado con presuntas operaciones de contrabando de combustible, conocido en México como huachicol.
El reportaje sostiene que el gobernador sonorense continúa viajando a territorio estadounidense para recibir atención médica especializada gracias a dicho permiso especial. En el caso de Villarreal, se afirma que también tendría acceso a este mecanismo migratorio y que sus cruces fronterizos se realizan bajo condiciones particulares de supervisión.
Las revelaciones se producen en un contexto de creciente tensión entre México y Estados Unidos por los señalamientos de Washington contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales. La publicación advierte que nuevas investigaciones o acusaciones contra gobernadores en funciones podrían generar fricciones diplomáticas y afectar políticamente a Morena.
Tanto Durazo como Villarreal rechazaron los señalamientos. El mandatario tamaulipeco calificó las acusaciones como falsas y sin sustento, mientras que el Gobierno de Sonora aseguró que la información publicada es incorrecta y afirmó que el gobernador mantiene una visa vigente y no ha recibido notificación alguna sobre investigaciones por parte de autoridades estadounidenses.
El caso se suma a una serie de reportes sobre presuntas acciones del gobierno del presidente Donald Trump para incrementar la presión sobre funcionarios mexicanos mediante la cancelación de visas, investigaciones federales y posibles procesos judiciales relacionados con el combate al narcotráfico y al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
