La democracia mexicana estrena nuevos candados. A partir de este miércoles entraron en vigor tres reformas que buscan fortalecer la integridad de los procesos electorales, evitar influencias externas en las urnas y ajustar el modelo de elección de jueces, magistrados y ministros impulsado por la reforma judicial.
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que las modificaciones fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y forman parte de una estrategia para reforzar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
Elección judicial se aplaza a 2028
Uno de los cambios aprobados modifica el calendario de la reforma al Poder Judicial. La elección prevista originalmente para 2027 se recorrerá al 4 de junio de 2028, con el propósito de desvincularla de las elecciones intermedias federales y facilitar su organización.
De acuerdo con la Consejería Jurídica, el ajuste permitirá simplificar el proceso para los votantes mediante una reducción en el número de candidaturas que aparecerán en las boletas, así como un diseño más claro que identifique el poder que postuló a cada aspirante.
La reforma también homologa los criterios de evaluación utilizados por los comités de selección del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el fin de establecer reglas comunes para la revisión de perfiles.
Además, se determinó que las elecciones judiciales y las elecciones ordinarias no compartirán casillas ni urnas, buscando evitar confusiones durante la emisión y el conteo de votos.
Sobre este proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que cada uno de los tres poderes integra una comisión encargada de recibir postulaciones de aspirantes, quienes deben cumplir requisitos constitucionales como promedio mínimo de ocho, cartas de recomendación y otros criterios establecidos por la ley. La mandataria añadió que se plantea incorporar mecanismos adicionales de evaluación para fortalecer la selección de perfiles.
INE revisará perfiles para detectar posibles vínculos delictivos
Otra de las reformas crea un mecanismo para evaluar la integridad de las candidaturas. Para ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá integrar una comisión conformada por tres consejeros electorales designados por el Consejo General.
Esta instancia recibirá de manera voluntaria los listados de candidaturas presentadas por los partidos políticos y los remitirá a autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero para analizar posibles vínculos con actividades delictivas.
La medida busca fortalecer los filtros de revisión y evitar que personas relacionadas con organizaciones criminales lleguen a competir por cargos de elección popular.
Injerencia extranjera podrá anular elecciones
La tercera reforma incorpora como causal de nulidad la intervención o injerencia extranjera en procesos electorales federales o locales cuando ésta tenga influencia comprobada en los resultados.
Con esta modificación, cualquier evidencia que demuestre participación o impacto de actores extranjeros en una elección podrá ser suficiente para invalidar los comicios correspondientes.
Las autoridades sostienen que la medida busca proteger la soberanía electoral del país y garantizar que los resultados respondan exclusivamente a la voluntad de los ciudadanos mexicanos.
Las tres reformas fueron respaldadas por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, mientras que el PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra durante la discusión legislativa.
