El general de División en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien fue presentado como uno de los responsables de pacificar Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, terminó detenido en Estados Unidos y recluido en una cárcel de Nueva York, acusado de colaborar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con documentos judiciales en una corte de Brooklyn, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa habría recibido pagos mensuales de hasta 100 mil dólares a cambio de brindar protección a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y facilitar sus operaciones de tráfico de drogas hacia la frontera con Estados Unidos.
Las acusaciones señalan que Mérida Sánchez presuntamente utilizó la estructura de la Secretaría de Seguridad estatal para advertir sobre operativos, evitar detenciones y garantizar que las rutas del narcotráfico permanecieran libres para la organización criminal.
El caso ha generado impacto debido al perfil militar del exfuncionario. Antes de llegar al gabinete estatal, el general ocupó cargos estratégicos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellos la Dirección de la Escuela Militar de Inteligencia, además de comandar zonas militares en entidades marcadas por la violencia como Michoacán, Tamaulipas y Oaxaca.
Según las investigaciones estadunidenses, toda esa experiencia en inteligencia y operaciones habría sido utilizada para beneficiar al grupo criminal en lugar de combatirlo.
La captura ocurrió luego de que Mérida intentara permanecer en Arizona, aunque finalmente fue localizado por autoridades estadounidenses. Incluso, un juez mexicano le había concedido el pasado 7 de mayo un amparo para frenar una posible extradición, medida que no evitó que terminara bajo custodia en territorio norteamericano.
El fiscal federal Jay Clayton sostiene que el exsecretario formaría parte de una red de corrupción integrada por al menos diez altos mandos y funcionarios vinculados a Sinaloa, entre ellos personajes cercanos al entorno político estatal.
La llegada del general retirado a Nueva York abre un nuevo frente judicial que podría escalar hacia figuras políticas y de seguridad presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
