La muerte del manifestante Alex Pretti, ocurrida durante una protesta contra el abuso de las fuerzas fronterizas en Minneapolis, Estados Unidos, continúa generando indignación social y exigencias de justicia. En días recientes, una investigación periodística reveló la identidad de los agentes federales que dispararon y provocaron su fallecimiento, lo que derivó en una ola de reacciones públicas y pronunciamientos contra las agencias migratorias.
De acuerdo con la investigación, los agentes señalados fueron identificados como Jesús Ochoa, integrante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP), y Raymundo Gutiérrez, agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes participaban en la llamada Operación Metro Surge. La difusión de estos nombres intensificó la polémica y las protestas, incluso con posicionamientos de figuras públicas del entretenimiento en contra del actuar de las fuerzas fronterizas.
Ante la coincidencia de nombres y el riesgo de que se generaran señalamientos erróneos en su contra, el actor y director mexicano Jesús Ochoa emitió una aclaración pública a través de su representante legal, César Gutiérrez Priego, abogado criminalista con especialidad en derecho penal, penal militar y seguridad nacional.
En el comunicado, el bufete de abogados precisó que la aclaración tiene como finalidad “evitar confusiones y proteger la integridad de las personas mencionadas”, y subrayó que el actor no tiene relación alguna con los hechos ocurridos en Estados Unidos. El documento aclara que Jesús Rey Ochoa Domínguez, nombre real del actor conocido artísticamente como Jesús Ochoa, no participó ni está vinculado de ninguna manera con el operativo en el que murió Alex Pretti.
La defensa del actor enfatizó que la difusión de información imprecisa puede derivar en daño reputacional y desinformación, especialmente en casos de alto impacto mediático como el de Pretti, cuya muerte sigue siendo investigada por las autoridades estadounidenses.
Mientras tanto, organizaciones civiles y sectores de la sociedad norteamericana continúan exigiendo transparencia y responsabilidades legales en torno al uso de la fuerza por parte de las agencias federales involucradas.
