La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo en Xalapa, Veracruz, el primer Diálogo por la Justicia Abierta, una iniciativa que busca acercar al Poder Judicial de la Federación con la ciudadanía, particularmente con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El encuentro se realizó en la Casa de los Saberes Jurídicos y forma parte de una estrategia nacional que será replicada en otras entidades del país, con el objetivo de promover la transparencia, el acceso a la información y la participación social en la construcción de la política judicial.
En representación del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, el secretario general de la Presidencia de la SCJN, José Hernández Hernández, subrayó que solo mediante el trabajo conjunto entre instituciones y sociedad será posible atender de manera efectiva las demandas de justicia que persisten en el país. Añadió que estos diálogos permitirán desarrollar una metodología participativa para mejorar la respuesta del sistema judicial.
Por su parte, Karina López Regalado, directora general de Atención y Participación Social del Máximo Tribunal, destacó que la Suprema Corte abre espacios de escucha para que las sentencias se construyan a partir del diálogo, el reconocimiento de la diversidad y la comprensión de las distintas realidades sociales.
En el encuentro participaron también autoridades judiciales federales y estatales, entre ellas Rosalba Hernández Hernández, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, así como representantes de las Casas de los Saberes Jurídicos, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, coordinadores de magistradas y magistrados de Circuito, juzgadoras y juzgadores de Distrito, además de integrantes de barras y colegios de abogados.
En total, 120 personas juzgadoras, defensoras y defensores de derechos indígenas y afromexicanos se integraron en cinco mesas de trabajo, donde se discutieron acciones para fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos originarios.
Entre las principales propuestas surgidas del diálogo destacan el respeto a la jurisdicción indígena; la necesidad urgente de intérpretes, traductores y asesorías especializadas; el fortalecimiento de la atención a víctimas de violencia de género; y la prioridad en la aplicación de medidas cautelares en materia laboral.
Asimismo, se planteó impulsar programas de certificación y especialización para operadores jurídicos en mecanismos de solución de conflictos, así como atender de manera integral los asuntos familiares para que sean resueltos por una sola persona juzgadora.
Con este ejercicio, la SCJN reafirmó su compromiso de acercarse a la población mediante espacios de escucha, audiencias públicas y la difusión de sentencias y criterios en formatos accesibles, con el fin de que la ciudadanía comprenda mejor el funcionamiento del sistema judicial y ejerza plenamente sus derechos.
