El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó que la reciente adquisición de vehículos blindados para ministras y ministros se realizó tras evaluaciones técnicas que detectaron fallas mecánicas y caducidad del blindaje en las unidades anteriores, pero anunció que, ante las críticas públicas, se tomó la decisión de no utilizarlos y revisar su posible desincorporación o reasignación.
Durante una conferencia de prensa, Aguilar Ortiz sostuvo que la austeridad “no es un acto simbólico”, sino una política que debe aplicarse sin poner en riesgo la seguridad institucional ni el cumplimiento de las funciones constitucionales. Recalcó que la Corte actúa con autonomía e independencia, sin responder a intereses políticos.
Detalló que desde 2010 se estableció el uso de vehículos blindados para ministros por razones de seguridad. Al iniciar la actual integración de la Corte, se recibieron 39 de los 43 vehículos adquiridos previamente, ya que cuatro fueron comprados por ministros salientes como parte de su haber de retiro, conforme a acuerdos del Pleno anterior.
Indicó que las unidades disponibles —principalmente camionetas Jeep y Suburban de modelos 2019 a 2021— presentaban deterioro significativo por el peso del blindaje, con fallas en motor y sistema de tracción, lo que incluso provocó que algunos vehículos quedaran varados. Estudios físico-mecánicos y análisis de riesgo, realizados con apoyo de instancias de seguridad, recomendaron renovar el parque vehicular y desincorporar al menos 21 unidades.
Aguilar Ortiz explicó que el incremento de salidas de la Corte al interior del país, para encuentros con comunidades y actividades públicas, también influyó en la necesidad de contar con transporte seguro y funcional. No obstante, tras escuchar los cuestionamientos ciudadanos, las ministras y ministros acordaron no utilizar los vehículos recientemente adquiridos.
Asimismo, anunció que se analizará la posibilidad de poner estas unidades a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, o bien iniciar su proceso de desincorporación, siempre dentro del marco legal.
El ministro presidente reiteró que la Corte mantendrá su compromiso con la austeridad, la transparencia y el escrutinio público, y adelantó que el Órgano de Administración Judicial dará a conocer medidas de ahorro y proyecciones de funcionamiento del Poder Judicial para 2026.
