La “Operación Caudal”, desplegada el pasado 24 de octubre en el Estado de México, marcó un antes y un después en la lucha contra el comercio ilegal del agua. En un operativo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales, se intervinieron 189 inmuebles en 48 municipios, tras una investigación que reveló redes dedicadas a la extracción, distribución y venta ilícita del recurso.
De acuerdo con el reporte oficial, fueron asegurados 51 pozos, 138 tomas clandestinas, 322 pipas y 37 vehículos vinculados al negocio ilícito del agua. Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México gestionó 152 órdenes de cateo, de las cuales 142 fueron autorizadas, y coordinó con el Poder Judicial la asignación de jueces especializados para mantener la operación durante más de 72 horas.
Durante las acciones, siete personas fueron detenidas en flagrancia por delitos como portación de armas y ataques a la autoridad. Las investigaciones apuntan a que el agua robada era vendida con sobrecostos de hasta 59%, principalmente en Ecatepec, Cuautitlán, Tlalnepantla y Toluca, sin ningún control sanitario ni permisos de distribución.
Las autoridades identificaron la participación de organizaciones con fachada sindical, entre ellas “USON”, “ACME” y “Los 300”, así como de comisariados ejidales y servidores públicos. Pese al operativo, se informó que los pozos y redes oficiales continúan funcionando con normalidad bajo supervisión de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y de los organismos municipales.
Tras el despliegue inicial, el Gobierno estatal inició una segunda fase enfocada en el diálogo y la regularización, donde la instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha sido aplicar la ley, proteger el abasto y abrir canales de legalización para quienes dependían de este suministro irregular.
Hasta el momento, decenas de ciudadanos han acudido ante el Ministerio Público para conocer la situación legal de sus bienes, mientras que restaurantes, hoteles, purificadoras y distribuidores comienzan a conectarse a las redes oficiales. En paralelo, los municipios amplían la operación de sus pozos para garantizar el suministro legal y seguro de agua a la población.
La gobernadora Delfina Gómez destacó que el propósito de la Operación Caudal no es punitivo, sino de justicia y orden.
“No es una cacería, es regular y garantizar que el agua llegue de manera justa y segura a la ciudadanía”, subrayó.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, recalcó que las acciones impactaron únicamente a quienes lucraban con un bien común:
“No hay desabasto; lo que hay es orden y fin a un negocio ilegal que explotaba un recurso que pertenece a todos”.
