La extracción y comercialización ilegal de agua en el Estado de México es considerada un delito y puede derivar en sanciones penales severas, incluida la prisión. De acuerdo con el Código Penal mexiquense, esta práctica —conocida popularmente como huachicoleo del agua— afecta el abasto ciudadano y vulnera el derecho al acceso equitativo al recurso.
La normativa vigente establece que quienes distribuyan o suministren agua con fines de lucro sin autorización pueden recibir hasta seis años de cárcel y multas superiores a 22 mil pesos, según el artículo 145. Además, se contempla hasta tres años de prisión y más de 11 mil pesos de multa para quienes extraigan agua potable de la infraestructura pública sin permiso, concesión o licencia.
La lucha contra estas actividades ilícitas se reforzó recientemente con la Operación Caudal, un despliegue coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales. A una semana de su implementación, se han clausurado 189 inmuebles, entre ellos 51 pozos y 138 tomas clandestinas, además del aseguramiento de 322 pipas utilizadas para la venta irregular.
Las investigaciones han revelado que detrás de estas redes operaban organizaciones con apariencia de sindicatos, como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, Los 300, Libertad, 25 de Marzo, 22 de Octubre y Chokiza. Estos grupos imponían reglas y precios paralelos para controlar quién podía surtir o distribuir agua en determinadas zonas.
Garantizar el abasto
El gobierno estatal, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca restablecer el orden jurídico y asegurar que la distribución de agua se realice únicamente a través de organismos municipales y estatales autorizados, priorizando las necesidades de la población.
Con este operativo se pretende no solo frenar las ganancias ilícitas, sino garantizar el acceso equitativo y seguro a este recurso básico para las familias mexiquenses.
