Seis políticos vinculados al Partido Acción Nacional (PAN) han acumulado desde 1996 más de 3 millones de metros cúbicos de agua en la región del Bajío, revelan datos de Milenio.
Entre ellos destacan los exgobernadores Miguel Márquez Márquez, Luis Armando Reynoso Femat, Ignacio Loyola Vera y Francisco Javier Ramírez Acuña, así como el expresidente Vicente Fox y el exlíder nacional del PAN, Marko Cortés.
Estas concesiones se ubican principalmente en Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes, y están orientadas al riego agrícola. Los 20 permisos existentes suman un volumen comparable al de la presa Emilio López Zamora, que abastece a Ensenada, Baja California, y podrían cubrir el consumo de agua de 330 personas durante más de dos siglos.
La entrega de estos permisos comenzó en la administración de Ernesto Zedillo y se extendió durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Especialistas señalan que la presencia de militantes del PAN en posiciones clave de Conagua facilitó que los permisos se concentraran en figuras políticas afines.
En Guanajuato, Miguel Márquez Márquez obtuvo tres concesiones entre 2000 y 2013, incluyendo una de 150 mil metros cúbicos vigente hasta 2029. Luis Armando Reynoso Femat recibió tres permisos desde 1996, uno de ellos aún vigente con 213 mil 840 metros cúbicos. Francisco Ramírez Acuña tiene un permiso de 25 mil metros cúbicos para Tototlán, Jalisco, mientras que Ignacio Loyola Vera cuenta con 9 mil 855 metros cúbicos vigentes hasta 2037.
Por su parte, Vicente Fox concentra 2.1 millones de metros cúbicos repartidos en diez concesiones en San Francisco del Rincón, Guanajuato, con vigencia hasta 2032. Marko Cortés posee dos permisos en Jalisco, uno de 132 mil metros cúbicos hasta 2047 y otro de 50 mil hasta 2028, ambos destinados a la producción de aguacate.
Expertos en política hídrica consideran que estas concesiones representan un acaparamiento significativo del agua, facilitado por reformas de 1992 que transformaron el recurso en un bien transferible. Algunos funcionarios habrían mantenido control sobre estos permisos desde cargos intermedios en Conagua, según señala el especialista Óscar Arredondo Pico.
Actualmente, la administración de Claudia Sheinbaum analiza las concesiones para regularizar su uso, especialmente para pequeños productores agrícolas y pecuarios. La presidenta ha enviado al Congreso reformas a la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, contemplando sanciones de hasta 12 años de prisión para quienes lucren con el recurso.
De los más de 536 mil títulos revisados, 163 mil 689 están vencidos, incluyendo concesiones de exfuncionarios y políticos. La revisión busca garantizar que el agua destinada a riego no se desvíe hacia desarrollos habitacionales u otros usos distintos al agrícola, promoviendo un manejo más equitativo del recurso frente a la sequía que afecta al Bajío.
