El Consejo Europeo no ha descartado incluir a los cárteles de la droga mexicanos en su lista de entidades terroristas, aunque confirmó que aún no ha debatido formalmente esta medida. La posibilidad surge tras una pregunta escrita del eurodiputado español Jorge Martín Frías (del partido Vox, integrado en el grupo de ultraderecha Patriotas por Europa), quien insta a la Unión Europea a seguir el ejemplo del expresidente estadounidense Donald Trump.
En su respuesta oficial, el Consejo —máximo órgano decisorio de la UE— aclaró que no ha analizado la inclusión de estos grupos bajo la *Posición Común 2001/931/PESC*, marco legal que permite sancionar a entidades terroristas. No obstante, subrayó que podría añadirlos a la lista “en cualquier momento“. Martín Frías justificó su petición argumentando que el gobierno mexicano, bajo la futura presidencia de Claudia Sheinbaum, muestra “complicidad” con el narcotráfico al aprobar reformas judiciales “chapuceras” y una estrategia de seguridad “poco ambiciosa”.
El eurodiputado también interrogó al Consejo sobre una posible coordinación antinarcóticos con Estados Unidos. La institución europea recordó que la cooperación con Washington contra el crimen organizado y el tráfico de drogas es un “elemento central” de su diálogo bianual, enfocado en reducir la oferta de drogas mediante seguridad, prevenir su consumo y mitigar daños sociales.
La lista terrorista de la UE, creada tras los atentados del 11-S y actualizada por última vez en enero, incluye actualmente a 14 personas y 22 entidades como Estado Islámico, Al-Qaeda y Hamas. Para incluir a un grupo, se requiere que una autoridad nacional o internacional haya iniciado investigaciones o juicios por actos terroristas. Los designados enfrentan congelación de activos en Europa y acciones judiciales reforzadas.
La presión de Vox refleja un esfuerzo por alinear las políticas europeas con la postura de Estados Unidos, donde Trump declaró a los cárteles “organizaciones terroristas extranjeras” en 2019. Sin embargo, la UE mantiene cautela, condicionando cualquier decisión a procesos legales previos y al consenso de sus Estados miembros.
