Un nuevo giro en la política migratoria de Estados Unidos ha puesto en alerta a comunidades migrantes y defensores de derechos humanos. En las últimas semanas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a enviar cartas oficiales a menores inmigrantes no acompañados, exigiéndoles que abandonen el país de forma inmediata o se enfrenten a acciones legales.
Los menores afectados, muchos de ellos procedentes de México y Centroamérica, ingresaron al país de forma legal como parte de los protocolos humanitarios establecidos en los últimos años. Sin embargo, el DHS argumenta que sus procesos de asilo han sido concluidos, por lo que ya no cuentan con una base legal para permanecer en territorio estadounidense.
De acuerdo con una investigación publicada por el Chicago Tribune, al menos doce menores en el área de Waukegan, al norte de Chicago, recibieron estas notificaciones durante junio. Las cartas, con un tono directo y severo, advierten: “el Gobierno Federal le encontrará” y “no permanezca ilegalmente en Estados Unidos”.
El problema legal es complejo: al no contar con padres documentados, estos menores no pueden ser representados por ellos en tribunales de inmigración, dejándolos en una situación jurídica indefensa.
Este nuevo movimiento del gobierno federal ha generado una fuerte crítica por parte de organizaciones proinmigrantes, que consideran la medida una amenaza a los principios humanitarios que antes protegían a niños y adolescentes en tránsito. Además, advierten sobre los efectos psicológicos que una amenaza de expulsión puede generar en menores que huyeron de contextos violentos y precarios.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre las familias que acogieron a estos menores, y se espera que el tema llegue pronto a los tribunales y al debate político nacional.
