Bajo el principio rector de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, presentó un informe detallado sobre los avances en la lucha contra la corrupción, destacando la presentación de 50 denuncias penales ante fiscalías, la implementación de mecanismos de vigilancia ciudadana y la restitución de recursos públicos.
Durante su informe, la mandataria señaló que se han presentado 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República y 20 ante la Fiscalía General del Estado, de las cuales nueve ya han sido judicializadas, con un monto estimado de 570 millones de pesos involucrados. Aseguró que estas acciones son resultado de una política pública centrada en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
“El combate contra la corrupción está dando resultados profundos… Hoy la ciudadanía forma parte activa de esta vigilancia”, afirmó la gobernadora, subrayando la importancia de erradicar prácticas del viejo régimen a través de la acción conjunta entre gobierno y sociedad.
En este marco, también se destacó el trabajo de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, encabezada por María Gabriela Monge Pérez, desde donde se han impulsado auditorías, revisiones y mecanismos de denuncia en todo el estado. En total, se han llevado a cabo 56 auditorías, 90 revisiones y se han emitido 71 recomendaciones ciudadanas, canalizadas a través de 103 Comités de Obra, lo que ha permitido una vigilancia directa por parte de la ciudadanía sobre obras y servicios públicos.
La gobernadora resaltó que uno de los focos de atención ha sido erradicar la corrupción en áreas con mayor contacto con la población, como las oficinas gubernamentales. A través de las Unidades Móviles de Atención, se han brindado 1,374 servicios en Recaudaciones de Rentas del Estado, donde se han recibido quejas, denuncias y sugerencias para mejorar la atención.
Uno de los casos más recientes, compartido por la secretaria Monge, ocurrió en Ensenada, donde gracias a una denuncia ciudadana hecha por un medio de comunicación, se detectaron irregularidades en trámites de regularización vehicular. La intervención del Grupo Operativo de Reacción Inmediata permitió identificar a cinco personas presuntamente responsables, por delitos como tráfico de influencias, promoción de conducta ilícita y cohecho.
Monge subrayó que la entidad dispone de canales accesibles de denuncia, como enlaces en dependencias, módulos móviles y el portal oficial del Gobierno del Estado, para fomentar una participación constante de la sociedad en el combate a la impunidad.
Finalmente, la gobernadora anunció un resultado concreto de esta lucha: el 15 de julio, la Banca Afirme restituyó 172 millones de pesos al erario estatal, tras una serie de acciones legales emprendidas por su administración en relación con irregularidades en el fallido proyecto de la planta fotovoltaica.
Con estas acciones, el Gobierno de Baja California reafirma su compromiso de construir un gobierno honesto, transparente y cercano a la gente, en donde la rendición de cuentas y la participación social sean ejes fundamentales para erradicar la corrupción.
