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Extorsión, delito de Estado: el gobierno federal va por una Ley General para combatirlo de oficio

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general contra la extorsión. La estrategia contempla perseguir este delito de manera oficiosa, sin poner en riesgo a las víctimas, e incluye herramientas de inteligencia e investigación para su erradicación

La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy, anunció que el Gobierno de México ha dado un paso decisivo para combatir uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía y que no ha podido disminuir: la extorsión.

El objetivo: facultar al Congreso para crear una Ley General contra la Extorsión, que homologue el tipo penal, sus agravantes y las sanciones en todo el país, y permita perseguir este delito de oficio.

“El Estado asume la responsabilidad de proteger a las víctimas, los testigos y los ofendidos. Ya no descansará en ellos la obligación de denunciar”, afirmó Godoy al presentar los detalles de la propuesta. Hasta ahora, quien sufría una extorsión debía presentar una denuncia formal, lo que en muchos casos implicaba un riesgo personal grave. Con esta nueva estrategia, será el Estado quien actúe automáticamente ante cualquier caso detectado.

Como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, ya se han activado canales como el 089, un número telefónico anónimo para denuncias de extorsión telefónica o presencial, el cual activa protocolos de investigación inmediata a través de unidades estatales y federales. Las mismas células especializadas en secuestro estarán ahora abocadas también a la extorsión. Además, las empresas de telefonía estarán obligadas a desactivar números usados para cometer este delito.

La nueva ley incluirá todas las modalidades de extorsión, incluyendo el llamado “cobro de piso”, y establecerá la obligación para los estados de legislar conforme a esta ley general, en coordinación con el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación.

Este avance legal se suma a los resultados operativos que el gobierno ha logrado en otros frentes. De octubre de 2024 a la fecha, las autoridades han decomisado más de 187 toneladas de drogas —incluidas 1.5 toneladas y 3 millones de pastillas de fentanilo— y han desmantelado mil 168 laboratorios clandestinos, lo que equivale a evitar la circulación de 941 millones de dosis. Además, se han asegurado 13 mil 275 armas de fuego, más de 2 millones de cartuchos y dos mil 41 granadas.

En cuanto a homicidios dolosos, se reportó una disminución del 24.5% entre junio de 2024 y junio de 2025, siendo este último el mes con menor número de homicidios desde 2016.

Finalmente, el operativo Frontera Norte, vigente desde febrero, ha resultado en cinco mil 80 detenciones y múltiples aseguramientos de drogas, armas y químicos en coordinación con las fuerzas armadas, mientras que la ayuda humanitaria también se ha desplegado tras fenómenos naturales como huracanes en Guerrero y Oaxaca.

Con esta reforma y la eventual aprobación de la Ley General, el gobierno federal pretende cerrar filas contra la extorsión como delito nacional y garantizar que la persecución del crimen no dependa más del miedo de las víctimas, sino de una acción decidida y uniforme del Estado.

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