La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que se está llevando a cabo un amplio censo nacional en coordinación con el Infonavit y la Sedatu, con el objetivo de identificar viviendas abandonadas o en situación irregular. Este esfuerzo abarca los 32 estados del país, 255 regiones de bienestar y 1,062 municipios, con la participación de mil 632 servidores de la nación.
Durante la presentación del avance del operativo, Montiel explicó que ya se han registrado más de 842 mil viviendas, además de los casos relacionados con el Fovissste.
Las visitas casa por casa permiten recabar información directamente de las y los ciudadanos, quienes también han reportado fraudes cometidos por gestores o intermediarios. “Es importante que las personas sepan que los únicos autorizados para realizar este censo portan un chaleco característico de Bienestar”, subrayó.
Montiel también destacó que muchas de estas viviendas están en condiciones de abandono o han sido vandalizadas, lo que impacta negativamente en la seguridad de las zonas donde se ubican.
“Esta acción contribuye a garantizar el derecho a una vivienda adecuada y también a la construcción de paz en las comunidades”, dijo.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que el censo también permitirá conocer la situación jurídica de más de 933 mil viviendas en conflicto, muchas de ellas adjudicadas legalmente al Infonavit sin que los derechohabientes lo sepan. “Hay más de 60,000 juicios donde la persona demandada ni siquiera fue notificada, porque fue demandada en un estado distinto al que reside”, explicó.
Además, Sheinbaum reveló que hay más de 500 mil viviendas que no han registrado pagos desde hace años, incluso desde su asignación, lo que podría deberse a factores como la lejanía, falta de servicios o condiciones precarias de construcción. “Vamos a revisar quién está ocupando estas viviendas, si es la persona que recibió el crédito o alguien más”, añadió.
El gobierno federal trabaja en coordinación con la Consejería Jurídica y la Fiscalía para consolidar las demandas por fraudes inmobiliarios, algunos de ellos cometidos por coyotes, despachos de abogados o incluso funcionarios del Infonavit.
“El objetivo es no dejar a nadie sin casa, regularizar las propiedades y brindar opciones a familias en situación de vulnerabilidad”, concluyó la presidenta.
