La titular de la Secretaría de la Función Pública, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó los puntos clave de las reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas, destacando que buscan hacer más eficientes, transparentes y competitivos los procesos de contratación gubernamental.
Durante su intervención, explicó que una de las principales innovaciones es la inclusión de nuevas modalidades como la subasta inversa y la adjudicación directa con estrategia de negociación.
Estas permiten al gobierno obtener mejores precios, incluso en casos de compras únicas como medicamentos de patente, mediante diálogos abiertos con proveedores.
“No porque sea la única fuente tenemos que pagar lo que nos quieran cobrar. Negociamos condiciones más favorables”, afirmó.
Además, se promoverán diálogos estratégicos con potenciales proveedores para atender necesidades que aún no existen en el mercado, con procesos abiertos que eviten acuerdos “en lo oscurito”.
Mejores estrategias
Buenrostro también señaló que se fortalecen las compras consolidadas y los acuerdos macro, aprovechando las economías de escala para obtener precios más bajos y productos innovadores de mejor calidad.
En cuanto al contenido nacional, se incrementó del 50% al 65%, lo que busca impulsar la industria mexicana y fortalecer las cadenas de valor en el país. También se incluyeron beneficios para la economía social, como facilidades para cooperativas, mipymes y pequeñas empresas, con acceso a anticipos, pronto pago y procesos más simples.
En el tema tecnológico, aclaró que Compranet no desaparece, sino que fue modernizado en 2023 con tecnología modular propia. Además, se incluirá una “tienda digital”, para facilitar compras rápidas y sin burocracia de productos comunes dentro del gobierno.
Respecto a la Ley de Obras, se incorporaron los diálogos estratégicos desde la etapa inicial de los proyectos para acortar los tiempos y mejorar la precisión de las propuestas. También se regulan por primera vez las investigaciones de mercado y se refuerza el papel del supervisor de obra, quien será responsable solidario para garantizar la calidad y seguridad de las construcciones.
Las nuevas leyes también limitan la subcontratación (máximo 49%) y fortalecen la trazabilidad de los contratos, una respuesta directa a escándalos como la Estafa Maestra, cuyas prácticas ahora están prohibidas por ley.
“Cada peso vale, porque es dinero del pueblo”, subrayó Buenrostro.
Finalmente, la funcionaria destacó que con estas reformas se reduce hasta en una tercera parte el tiempo de contratación de obras, se da mayor seguimiento a los contratos y se impulsa el desarrollo de las economías regionales, fomentando la participación de empresas locales en los proyectos del gobierno federal.
