La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció este jueves el nuevo mecanismo de operación del Fondo para la Infraestructura, que por primera vez será entregado de forma directa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como resultado de la reciente reforma constitucional al artículo segundo.
Durante la presentación, Montiel explicó que esta reforma reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual permite que administren de manera directa los recursos destinados para su desarrollo.
En concordancia con este nuevo marco legal, la presidenta de México determinó que al menos el 10% del presupuesto del Fondo de Infraestructura de este 2025 sea asignado exclusivamente a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Dicho recurso no será intermediado por estados ni municipios, sino transferido directamente desde la Tesorería de la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda.
El total del fondo asciende a 123 mil 700 millones de pesos, de los cuales:
- 13 mil 500 millones de pesos serán para los gobiernos estatales,
- 95 mil 800 millones de pesos para los municipios,
- y 12 mil 300 millones de pesos específicamente destinados a pueblos indígenas y afromexicanos.
Este fondo podrá ser utilizado en ocho rubros prioritarios: agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación, infraestructura educativa y de salud, y mejoramiento de vivienda.
Se estima que 15 mil 217 comunidades en todo el país serán beneficiadas, que incluyen:
- 14 mil 742 comunidades indígenas, con un total de 27 mil 278 localidades.
- 431 comunidades afromexicanas, en 462 localidades.
- 44 comunidades pluriculturales, distribuidas en 52 localidades.
Montiel destacó que el análisis y delimitación de estas comunidades se realizó en conjunto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), tomando en cuenta indicadores de pobreza y rezago social.
A partir del 1 de abril, comenzarán las asambleas comunitarias para establecer los comités de administración y comités de vigilancia, encargados respectivamente de ejecutar y supervisar los recursos, bajo la coordinación de las autoridades indígenas elegidas según sus propios sistemas normativos.
“Es la primera vez en la historia del país que se implementa un ejercicio de entrega de recursos de manera directa a las comunidades, reconociendo plenamente su derecho a decidir sobre su propio desarrollo”, concluyó la secretaria de Bienestar.
