La administración del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que autorice la entrada en vigor parcial de su controvertida orden ejecutiva que busca limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, mientras se resuelven las disputas legales en torno a la medida.
La petición se produce en medio de una serie de reveses judiciales que han bloqueado la implementación de esta política a nivel nacional. Tres cortes federales de apelaciones, incluyendo una en Massachusetts, han rechazado los intentos del gobierno por hacer efectiva la medida, que fue firmada por Trump poco después de asumir su segundo mandato presidencial.
La orden ejecutiva establece que los niños nacidos en territorio estadounidense después del 19 de febrero no podrán obtener la ciudadanía si sus padres se encuentran en el país de manera ilegal. Además, prohíbe que las agencias federales emitan documentos que reconozcan la ciudadanía a estos menores.
Diversos estados, así como organizaciones y ciudadanos, han interpuesto demandas argumentando que la orden viola la 14ª Enmienda de la Constitución, la cual garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
El Departamento de Justicia, liderado por funcionarios afines a Trump, defiende la legalidad de la orden ejecutiva y cuestiona la autoridad de los tribunales inferiores para imponer bloqueos a nivel nacional. En su solicitud ante la Corte Suprema, la administración también planteó como alternativa la posibilidad de, al menos, comenzar a divulgar públicamente cómo planea implementar la medida, en caso de obtener luz verde.
El debate sobre el derecho de nacimiento a la ciudadanía ha cobrado fuerza, especialmente en estados fronterizos donde ha proliferado el llamado “turismo de maternidad”.
Este fenómeno implica que mujeres embarazadas, principalmente de México y otros países, viajen a Estados Unidos con el objetivo de dar a luz y obtener automáticamente la ciudadanía estadounidense para sus hijos.
Algunas clínicas y hospitales incluso han ofrecido este servicio como una práctica común, con costos que pueden superar los diez mil dólares por atención médica, hospitalización y estadía.
Este tipo de prácticas ha sido señalado por sectores conservadores como un incentivo para la inmigración ilegal, mientras que organizaciones defensoras de derechos humanos y constitucionalistas advierten sobre el riesgo de erosionar principios fundamentales del sistema legal estadounidense.
Ahora, será la Corte Suprema quien deberá decidir si la administración puede avanzar, al menos parcialmente, con una de las propuestas migratorias más polémicas del expresidente.
