Tras la demanda interpuesta por el empresario Ricardo Salinas Pliego, a través de Banco Azteca, en contra de ocho periodistas y comunicadores, a quienes acusa de afectar financieramente a sus empresas con publicaciones críticas en la red social X, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró en desacuerdo con la demanda y enfatizó la importancia de que el Poder Judicial actúe con apego a la Constitución y las leyes.
“Espero que el juez no proceda, porque una cosa es presentar una denuncia y otra cosa es que un juez haga eco de una denuncia que no tiene razón de ser. Imagínense si fuera al revés, que cada vez que se dice una mentira sobre una persona hubiera una demanda tras otra”, declaró la mandataria.
Sheinbaum también recalcó que su gobierno tomará medidas para garantizar la libertad de expresión y brindar protección a los periodistas que enfrenten represalias legales por ejercer su labor informativa.
“Haremos lo necesario para proteger la libertad de expresión, porque ya emplazaron a los periodistas a presentarse y lo hicieron en Jalisco, seguramente por alguna razón. Hacemos un llamado al juez que lleva el caso a que actúe en favor de la libertad de expresión, porque si hablamos de libertades, la primera es la libertad de expresión”, afirmó la presidenta.
Sobre el caso
Entre los demandados se encuentran el director del periódico Regeneración y jefe de información de Polemón, Jorge Gómez Naredo; el economista Víctor Aramburu; el periodista Vicente Serrano; la periodista Sandra Aguilera; el periodista Juan Salazar; el economista y youtuber Ignacio Rodríguez, conocido como “El Chapucero”; y el usuario de redes sociales Miguel Ángel Pelayo.
Banco Azteca alega que las críticas de estos comunicadores en redes sociales han provocado supuestas pérdidas millonarias en sus empresas.
Como parte de la demanda, la institución financiera solicita una indemnización económica y exige que los periodistas eliminen las publicaciones en cuestión, lo que ha sido interpretado por varios sectores como un intento de censura.
La demanda ha generado un amplio debate sobre el papel del poder económico en el ejercicio de la libertad de prensa y la posibilidad de que empresarios utilicen mecanismos legales para silenciar a sus críticos.
El desenlace de este caso podría sentar un precedente sobre los límites entre la crítica pública y la protección de intereses empresariales en México.
