Ahora la La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), exige que se detenga el proceso rumbo a la Elección Judicial, que se tiene prevista a realizarse en México en junio de este año.
Argumentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá graves problemas para instalar las casillas y llevar a cabo un proceso transparente y confiable, debido principalmente a la reducción presupuestaria del 52 por ciento aprobada en la Cámara de Diputados.
Pero además, la Jufed advierte de las “severas inconsistencias y riesgos que plantea la elección de personas juzgadoras” tras la Reforma al Poder Judicial impulsada por la 4T a nivel federal.
Este proceso, lejos de democratizar al Poder Judicial, expone su independencia a la franca injerencia política, vulnera los derechos humanos de las personas y compromete la confianza en la República, razón por la cual debe suspenderse”, exigió.
Dice la Jufed que el INE al no estar en las mejores condiciones para operar de manera eficiente este proceso, la situación se presta a prácticas nocivas para la democracia, como la compra de votos y la disparidad en los porcentajes de votación.
Sin legitimar dicha reforma y su implementación, es claro que estas irregularidades demuestran la inviabilidad de la misma, su inoperancia y desvelan que no hay un apoyo de los ciudadanos, como la narrativa oficial lo hace creer, para el desmantelamiento de la justicia federal, dado el margen de desinterés y abstencionismo que funcionarios y expertos alertan”, expresó la Jufed.
También señaló la complejidad del proceso, pues el modelo de votación contempla 6 boletas distintas con hasta 60 candidatos por cargo, algo que según la Jufed, confundirá a la ciudadanía participante. Indicaron que se debería implementar el voto informado.
Finalmente, la Asociación advirtió que aquellos funcionarios del INE, incluidos los funcionarios de casilla, que participen en el ejercicio de la Reforma Judicial, podrían enfrentar responsabilidades administrativas y penales, en su desacato, la autoridad electoral puede llevar a los ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casillas a convertirse en operadores de la reforma suspendida y, por lo tanto, incurrir en conductas sancionables.
La Jufed advierte que las suspensiones judiciales otorgadas contra esta reforma han sido desestimadas o ignoradas, lo que constituye un incumplimiento flagrante del orden jurídico”, refirió.
