La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado un paso significativo hacia la democratización del Poder Judicial al firmar dos importantes reformas que cambiarán el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros. Estas reformas, que modifican la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, buscan permitir que la ciudadanía juegue un papel fundamental en la elección de las principales figuras del sistema judicial.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que la votación para estos cargos está programada para el 1 de junio de 2025. Se elegirán ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como jueces de distrito y magistrados de los tribunales colegiados de circuito.
Un proceso histórico para la elección judicial
El Senado de la República será el encargado de emitir una convocatoria para que los tres Poderes de la Unión propongan candidatos. Cada poder conformará un comité de evaluación de cinco personas, equilibrado en cuanto a género y con destacada trayectoria jurídica, quienes evaluarán y entrevistarán públicamente a los aspirantes.
Los comités seleccionarán una lista de candidatos para cada puesto: diez para los cargos de ministros de la SCJN y magistrados, y seis para jueces de distrito y magistrados colegiados. Los listados serán entregados al Senado el 1 de febrero de 2025 para la aprobación final.
El rol del INE y las restricciones para los candidatos
El Instituto Nacional Electoral (INE) supervisará aspectos clave del proceso electoral, como la validación de boletas, el uso de medios de comunicación y la organización de foros de debate. Además, el INE se asegurará de que los candidatos no reciban financiamiento privado para sus campañas.
Los aspirantes podrán promover sus candidaturas en redes sociales y medios digitales, pero no podrán realizar gastos adicionales ni entregar materiales promocionales. Únicamente podrán difundir su trayectoria, méritos y propuestas para mejorar el sistema de justicia.
