El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto por el que se crea la nueva Área Natural Protegida (ANP) de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, dentro de esta zona se encuentra la mina Calica, propiedad de la minera estadounidense Vulcan Materials.
Se trata de una promesa cumplida, pues López Obrador mencionó en su conferencia Mañanera del 16 de julio pasado, que había hecho todo para llegar a un acuerdo con la minera estadounidense, pero que se resistieron a respetar la soberanía nacional y reiteraron sus intenciones de continuar con la destrucción del territorio.
Ya hay una clausura, pero quiero que sea una clausura definitiva, porque es mucho el daño”, detalló en ese entonces el presidente de México.
Ahora que Calica es parte de un área protegida, queda prohibida toda actividad extractiva, esto impediría a Vulcan Materials seguir explotando suelo mexicano para exportar su producción a EEUU.
El decreto cita como bases legales los artículos 4º y 27º constitucionales, el primero sobre el derecho del pueblo de México a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el segundo que indica: “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.
La reacción de EEUU no se hizo esperar, de hecho horas antes de que el decreto fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación, senadores estadounidenses presentaron una iniciativa para imponer sanciones contra el gobierno mexicano.
El plan del Presidente López Obrador para apoderarse del puerto de aguas profundas de Vulcan (Materials) representaría una expropiación flagrante de una operación propiedad de EU legalmente permitida”, amenazó Katie Britt, senadora republicana.
Por su parte, el senador también republicano Bill Hagerty, advirtió que ningún socio comercial debería “tener permitido” intimidar a una empresa estadounidense, sin consecuencias.
