La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la prohibición de las terapias de conversión, también conocidas como ECOSIG, con un total de 275 votos a favor, 102 en contra y 30 abstenciones.
Esta medida, que contempla sanciones de hasta seis años de prisión para quienes ofrezcan u organicen terapias de conversión, había estado dos años “congelada” en el Congreso. Finalmente, fue incluida en el orden del día y obtuvo el respaldo mayoritario de los legisladores.
La diputada Salma Luévano Luna, de Morena, destacó que esta iniciativa protegerá los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ y subrayó la importancia de su aprobación sin demoras.
Por otro lado, las diputadas panistas Teresa Castell, Margarita Zavala y Mariana Mancillas manifestaron su rechazo al dictamen, argumentando que criminaliza a padres, maestros y organizaciones religiosas. Esta postura fue compartida por el diputado Gabriel Quadri, quien consideró que se busca imponer “una ideología perversa” en niños y jóvenes.
La propuesta busca reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para castigar con multas y prisión a aquellos que promuevan o practiquen tratamientos para cambiar la orientación sexual de las personas. Además, contempla sanciones más severas si la víctima es menor de edad, tiene discapacidad o es adulto mayor.
La medida recibió el respaldo de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), mientras que toda la bancada del PAN se pronunció en contra y presentó más de 100 reservas al dictamen.